“De 10 delitos que llegan, ocho están vinculados a causas por abusos sexuales”
El magistrado integrante del Colegio de Jueces, José Luis Flores profundizó sobre cómo llegan a juicios los casos denunciados y la tendencia de los últimos años. Habló de los procesos culturales de cambio, las modificaciones normativas en la Justicia y la necesidad de generar políticas “estratégicamente necesarias” para reducir los ataques.
Las denuncias por delitos contra la integridad sexual en San Luis configuran una gran porción de los casos que llegan a la Justicia y terminan siendo juzgados.
José Luis Flores, integrante del Colegio de Jueces, hizo un análisis sobre qué hay detrás de las estadísticas, la tendencia que observan desde Tribunales, el cambio en el comportamiento social y cultural de la comunidad sobre el tema y la implementación de políticas interdisciplinarias.
Lo cierto es que hay datos concretos, tanto a nivel nacional como provincial. Los datos oficiales dan cuenta de un incremento de los números que ocurre desde hace años.
Durante el 2023 en San Luis se realizaron 459 denuncias por delitos contra la integridad sexual, según el ministerio de Justicia de la Nación. Esto se traduce en más de una por día (el promedio es de 1,2). Otro dato que surge es que de ese total 397 son por violaciones y los 52 restantes pertenecen a “otros delitos contra la integridad sexual”.
La cifra es más alta en relación a periodos anteriores, sobre todo hace casi una década atrás. Por ejemplo, durante 2016 fueron registradas 164 víctimas en San Luis, de acuerdo a Nación.
Estos números fueron contemplados por Flores en declaraciones a El Chorrillero e incluso fue contundente: “Se han incrementado (las denuncias), no porque no haya existido antes, sino que han ocurridos procesos culturales de por medio que terminan alentando, de alguna manera, que estos hechos lleguen a su juzgamiento”.
“Se ha facilitado que las víctimas también no se sientan cuestionadas sino protagonistas de la búsqueda de una respuesta legal”, aseveró y señaló que, a la par, se fueron incorporando a los diferentes Códigos instancias y figuras donde contemplaron nuevos castigos y procedimientos ante las conductas.
Las denuncias contra la integridad sexual aumentaron en lla última década. (Foto: Aldo Marchiaro).
Dicho esto, los esfuerzos por parte del Estado en su conjunto desarrollados durante la última década no alcanzan: “En relación a si fueron suficientes o no las políticas para evitar estos delitos, me parecen naturalmente insuficientes. El fenómeno tiene que ver con la necesidad de reconducir algunos valores, como el manejo de los impulsos como un signo de madurez. La sociedad se ha vuelto muy condescendiente con las actitudes inmaduras”.
“En lo personal, las políticas me parecen una estrategia necesaria, pero sin duda insuficiente. Entiendo yo que deben apuntar a la prevención a través de las escuelas, de la educación a las familias, a los padres, a los adultos responsables”, sumó y resaltó que la complejidad del abordaje debe ser manejada de manera interdisciplinaria y “no dejar en el segmento judicial la responsabilidad curativa de la experiencia traumática del abuso”.
La implementación de la Ley de Educación Sexual es una de las acciones que llevaron adelante los diferentes Gobiernos en la última década. Si bien fue un cambio que los especialistas destacan, no es suficiente.
Flores presenta una vasta experiencia en el Poder Judicial puntano. Además de pertenecer al Colegio de Jueces, institución que dicta las sentencias, es docente en la Universidad Católica de Cuyo.
El magistrado dio cuenta que, en el transcurso del último tiempo, hubo una “reversión de tendencias de manera plena”: “Antes, de cada 10 delitos dos eran de contenido sexual, los demás podían ser de distintas otras conductas. Hoy estamos exactamente al revés. Estamos hablando de ocho delitos sexuales por dos que no tienen nada que ver”.
“Supera incluso los delitos contra la propiedad, que era el delito más habitual, más común”, indicó.
También explicó que los casos suceden “preponderantemente dentro de la órbita familiar o son llevados adelante por personas del núcleo cercano. Se da a través de lo que se llama el abuso seductivo, en muchas oportunidades”.
Y precisó que debemos romper los “parámetros de cuentos, donde creemos que el agresor sexual es el hombre feo que está escondido detrás de una planta, lejos. No es así, puede estar muy cerca, puede no ser tan feo y puede no ser el hombre malo”.
La sentencia que reciba el victimario estará vinculada al grado del delito ya que la ley establece condenas tipificadas como “simples” hasta aquellos gravemente ultrajantes o aquellos castigados por reiteración. En el medio otros como el grooming, el acoso sexual.
El juicio abreviado es otra instancia que, según Flores, se presenta “cada vez más en el quehacer judicial”
A su vez hizo una advertencia: “Tampoco podemos caer en el pensamiento mágico que solamente el encierro, en este ni en ningún delito, sería suficiente para erradicar la conducta. Por ejemplo, cuando los abusos son parte de ciertas condiciones de la cultura, deben ser erradicadas desde otros puntos de vista y no de la sanción penal solamente. La sanción penal es el fracaso de no haber erradicado culturalmente las conductas con anterioridad”.
Bajo esta misma línea, contempló que “aquello que no se prueba judicialmente por mandato constitucional no quiere decir que no haya existido”, sino que “la respuesta judicial debe ser conforme a derecho”.
“Lo que pueda alguien querer o creer no resulta relevante en esa última instancia, pero eso no es perversión judicial, no es indiferencia del juez, no tiene que ver con eso. El sistema es lo suficientemente estrecho y reglado como para no dejar en esa instancia la responsabilidad curativa de la víctima”, sumó.
El proceso doloroso por el que atraviesa la víctima es otro aspecto que abordó. “Son instancias que involucran su cuerpo, su estado de ánimo, su autoconsideración, etc. Terminan siendo estadíos que no se pueden cursar de la forma en la que se necesita”, dijo.
“El juez avanza sobre los hechos y sobre las pruebas. No está preparado para asumir el conflicto emocional que eso causa muchas veces, más allá de que yo soy consciente y absolutamente testigo de cómo mis colegas y buscan un sentido humano a esto, por ejemplo, aliviando a la víctima, respetándola”, completó.
San Luis desde el 2022 comenzó a implementar un nuevo Código Procesal Penal, instauró el régimen acusatorio y dejó atrás el inquisitivo. Este fue otro de los temas que tocó Flores.
Si bien contempló las quejas de la población sobre el sistema judicial, afirmó que “hay una suerte de costumbre a la insatisfacción” y que, con la modificación, “hemos visto una ganancia que hay que cuidarla”, aunque aclaró “que es peligrosa porque no quiere decir que llegar rápido es hacerlo bien”.